Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

Uno de los principales instrumentos para prevenir el deterioro ambiental es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este instrumento permite introducir la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos o las actividades que se realicen en el país. A través de él, se trata de asegurar que las iniciativas, tanto del sector público como del sector privado, sean ambientalmente sustentables y de certificar que ellas cumplan con todos los requisitos ambientales que le sean aplicables.

La Ley N°19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente confirió a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) la función de administrar el SEIA, de manera que los servicios u organismos del Estado con competencia ambiental evalúan, en un sólo proceso e instancia, la pertinencia de otorgar sus correspondientes permisos o pronunciamientos ambientales sectoriales, respecto de un proyecto o actividad.

Asimismo, la Ley ha establecido que a los organismos del Estado, que en uso de sus facultades legales participan en el SEIA, les corresponde fiscalizar y velar por el permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre las cuales se aprobaron dichos proyectos o actividades. La competencia para decidir en torno a la imposición de algunas de las sanciones que la Ley contempla, se ha entregado a la Dirección Ejecutiva de CONAMA y a las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, según corresponda.

El SEIA entra en plena vigencia el 03 de abril de 1997. A 10 años de su aplicación, más de 7.000 proyectos o actividades se han aprobado en el SEIA, lo que ha permitido que el país haya logrado un cambio sustancial en la forma de construir el futuro, al poder prevenir los impactos que pueda generar las inversiones públicas y privadas, o hacer que, cuando se generan impactos adversos, exista una mitigación, compensación o restauración apropiada, y no se comprometa el equilibrio ecosistémico o el de los componentes naturales o artificiales del medio ambiente.

Inserción Internacional

Nuestro país se ha incorporado constructiva y decididamente en la red de acuerdos y tratados internacionales, incluyendo entre los temas primordiales de éstos el ambiental. En esta misma línea, y como parte de la política de transparencia y fortalecimiento democrático, Chile se sometió voluntariamente a una Evaluación de Desempeño Ambiental por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), instrumento que permite tener una mirada integral sobre el estado de la gestión ambiental nacional.

Chile está y ha estado presente y comprometido con la Agenda Global, relativa a la diversidad biológica, la agenda química, el cambio climático y el agotamiento de la capa de ozono y otras temáticas ambientales relevantes.

Asimismo, los acuerdos comerciales como los alcanzados con EE.UU., Unión Europea y Canadá han incorporado la preocupación ambiental, como una de las materias claves para el desarrollo comercial entre países.

En esta misma línea, y como parte de la política de transparencia y fortalecimiento democrático, Chile se sometió voluntariamente a una Evaluación de Desempeño Ambiental por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), instrumento que permite tener una mirada integral sobre el estado de la gestión ambiental nacional y así proyectar de mejor manera los desafíos futuros.

Normativa Ambiental

Entre el conjunto de definiciones y disposiciones legales establecidas por las Ley de Bases del Medio Ambiente, los instrumentos de gestión ambiental resultan ser fundamentales para la protección de la calidad de vida de los seres humanos y nuestra biodiversidad.

Estos instrumentos tienen diverso origen y naturaleza. Algunos corresponden a la adecuación de unos ya existentes, tradicionalmente utilizados en la gestión sectorial, como por ejemplo la dictación de normas. Otros, en cambio, como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son absolutamente nuevos en el país.

En cuanto a su naturaleza, los instrumentos de gestión ambiental pueden clasificarse como: instrumentos para la fijación de condiciones ambientales, preventivos, de corrección, cumplimiento, económicos, educación e investigación, participación ciudadana e instrumentos para la generación de información.

Durante los últimos años se ha consolidado y modernizado el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), instrumento de prevención del deterioro ambiental, que permite evaluar en forma sistemática todos aquellos proyectos de inversión susceptibles de causar algún impacto al medio ambiente. Además, hoy en día es posible realizar la tramitación ambiental de las declaraciones de impacto ambiental de proyectos de inversión a través de Internet, con importantes ahorros de tiempo y recursos, pero además garantizando una plena transparencia en estos procesos.

En materia de información, elemento esencial para la adecuada participación de la ciudadanía en la gestión ambiental, se han desarrollado y fortalecido diversos canales de comunicación para materializar el principio inspirador de la Ley de Bases del Medio Ambiente, así como para el conjunto de acuerdos internacionales suscritos por el país.

Educación Ambiental

Según se recoge en la Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, la Educación Ambiental es un proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante. Además, constituye un importante instrumento de gestión ambiental, consignado en la Ley de Bases como un proceso educativo, en sus diversos niveles, ya que promueve la transmisión de conocimientos y enseñanza de conceptos modernos de protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales. Este proceso deberá incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos.

Participación Ciudadana

Desde su concepción y declaración de principios, la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental son parte constituyente de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. En consecuencia, la Comisión Nacional del Medio Ambiente ha sido uno de los servicios públicos que más temprana y decididamente ha promovido la participación de la sociedad civil en la gestión ambiental.

Con la llegada de la democracia al país, los gobiernos de la concertación han apostado a darle a la ciudadanía un rol preponderante bajo los principios participativos y de co-responsabilidad, considerando que la participación es condición indispensable en el proyecto de Reforma y Modernización del Estado, ya que fortalece su carácter democrático y legitima el accionar público.

Es así como el Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana (Diciembre del 2000), entrega orientaciones para que: i) el sector público muestre apertura, genere información y establezca mecanismos que acojan las necesidades y propuestas provenientes de la ciudadanía; y ii) la participación ciudadana contribuya a generar una relación de colaboración y respeto mutuo entre el Estado y la ciudadanía, favoreciendo el fortalecimiento de la sociedad civil y logrando una mayor legitimidad de las políticas públicas.

En este sentido, la Comisión Nacional del Medio Ambiente busca capacitar a la ciudadanía en temas ambientales, fortaleciendo su capital social y promoviendo las relaciones de confianza, solidaridad y cooperación bajo principios como la transparencia, orientación e información a la ciudadanía; el buen trato y respeto; el respeto a la diversidad; la promoción de la igualdad de oportunidades y la incorporación de la ciudadanía en la elaboración y evaluación de los planes, proyectos, políticas y normativa ambiental.

Se asume entonces, que el Desarrollo Sustentable constituye una tarea país que involucra a distintas organizaciones (públicas y privadas, ciudadanas y lucrativas), autoridades, parlamentarios, académicos y ciudadanos en general, reconociéndose que para alcanzar este desafío se necesita de una sociedad civil fuerte, que sea capaz de ejercer control sobre las acciones de una agenda en el tema ambiental y generar propuestas para su desarrollo.

Es por ello, que como Institución y a través del Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, dentro del marco de la Ley de Bases 19.300, se apuesta a perfeccionar los mecanismos y ampliar los espacios de participación y el derecho a saber, en donde la ciudadanía tenga la posibilidad de aportar responsablemente en el proceso de toma de decisiones, potenciando la educación y capacitación ambiental de ésta para que contribuya a la protección de su entorno y mejora de su calidad de vida y fortaleciendo las redes ciudadanas en pro de un accionar co-responsable y amigable con el medio ambiente.

Control de la Contaminación

Una de las estrategias más importantes de la gestión ambiental realizada en el país, ha estado enfocada en la prevención y el control de la contaminación, con especial énfasis en la protección de la salud, mejorar la calidad de vida y revertir -o al menos detener-, la degradación ajena al funcionamiento natural de los ecosistemas.

Durante los últimos quince años, se ha trabajado en el desarrollo de variados instrumentos para dimensionar los problemas (estudios, monitoreos, modelaciones, catastros, inventarios, etc.), acotarlos y regularlos (leyes, normas de calidad, normas de emisión, reglamentos, etc.), y definir estrategias de solución (planes de prevención, planes de descontaminación, acuerdos de producción limpia, etc.).

En ese sentido, una de las prioridades gubernamentales de los últimos años ha sido la recuperación de la calidad del aire en los centros urbanos. Para tal fin, se han realizado diagnósticos e inventarios de emisiones en las principales ciudades del país, lo que ha permitido iniciar las gestiones de solución para los problemas detectados.

Así, por ejemplo, se han levantado Planes de Prevención y Descontaminación, como el de la Región Metropolitana (PPDA) o el Plan de Recuperación Ambiental de Talcahuano (PRAT), más integral. Además, se ha actualizado y completado el marco normativo relacionado con esta materia. Especial énfasis ha sido puesto en la recuperación de la calidad de aire de las ciudades y pueblos ubicados en el entorno de grandes megafuentes mineras, elaborándose Planes de Prevención y Descontaminación, nuevas Normas de Emisión y acuerdos con las empresas.

En materias de control de contaminación atmosférica de carácter global y la prevención de sus consecuencias, como el adelgazamiento de la capa de ozono estratosférico, el aumento de gases de efecto invernadero y el cambio climático, Chile ha asumido un compromiso activo al suscribir acuerdos internacionales sobre estos temas y desarrollar acciones concretas como la promulgación de la Ley de Ozono y la aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

En este marco de globalidad, un caso muy particular de contaminación se ha verificado en nuestro firmamento. Los cielos del norte del país, cuya calidad para ver las estrellas ha permitido la instalación de importantes observatorios astronómicos, sufren los efectos de la llamada contaminación lumínica, producto del alumbrado público de las ciudades. Para reducir los efectos de esta contaminación, se ha logrado regular la instalación y la calidad de las luminarias.

En relación con el control del ruido ambiental, que afecta la salud mental y calidad de vida de la población, se ha avanzado regulando las fuentes fijas (industrias, talleres, bares), y las fuentes móviles más ruidosas (buses de locomoción colectiva). Actualmente, se están regulando otro tipo de fuentes más específicas, como las actividades de construcción y los aeropuertos. También, se está trabajando para corregir los problemas que genera el ruido en las regiones.

En el tema de los residuos, se han logrado avances notables. Desde el 2005, Chile cuenta con la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En los últimos años se han aprobado varias normas relacionadas con este tema, incluyendo el Reglamento de Residuos Peligrosos. Gracias a esta labor, actualmente cerca de un 60% de los residuos domiciliarios son dispuestos en rellenos con garantías sanitarias y ambientales.

Con relación a la contaminación de suelos y aguas subterráneas, a pesar de los avances y de las acciones realizadas, subsisten aún deficiencias y vacíos que deben atenderse. Con este objetivo, CONAMA actualmente está finalizando el proceso de elaboración de la Política Nacional para la Gestión de Sitios Contaminados.

El agua es un recurso natural escaso y esencial para la vida. Dada su importancia, el país ha establecido como una de sus metas ambientales principales el mejorar la calidad de sus aguas. Los avances que hasta hoy se registran en la protección del recurso hídrico, sitúan a Chile a la cabeza de Latinoamérica. Así, por ejemplo, se ha aumentado la cobertura del tratamiento de aguas servidas, alcanzando actualmente a un 78%.

Respecto a la gestión de las sustancias químicas, la CONAMA está coordinando actualmente una Política Nacional de Seguridad Química, con el objetivo de compatibilizar los beneficios que reporta el uso de dichas sustancias con la necesaria seguridad en su manejo y la prevención de los riesgos subyacentes. Con relación también a este tema, CONAMA desarrolló un Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo, actualmente en etapa de ejecución, el cual permitirá dar cumplimiento con los compromisos adquiridos por el país en estas materias.

Todas estas acciones están orientadas a mejorar la salud y la calidad de vida de la población, así como a revertir, o detener, el impacto negativo en los ecosistemas. Es de suma relevancia, por lo tanto, contar con instrumentos que permitan, a todos los ciudadanos, acceder a información sobre la gestión y la situación ambiental del país. Así, CONAMA ha impulsado una serie de proyectos que posibilitan el acceso a datos e información ambiental actualizada.

Uno de las iniciativas más relevantes es el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), proyecto iniciado el 2002 y que entregará sus primeros resultados visibles el 2007. El RETC permitirá contar con información periódica y actualizada sobre sustancias químicas y parámetros contaminantes, entre otros, además de ser un catastro de las emisiones realizadas por establecimientos industriales, el transporte y la agricultura.

Protección de la Naturaleza

Chile tiene hoy una nueva visión de protección de la diversidad biológica, una mirada integral de los ecosistemas terrestres y acuáticos, en la cual la tarea de conservación está directamente asociada a la vida de las comunidades, donde además se complementan los esfuerzos de conservación en terrenos públicos y privados, permitiendo al mismo tiempo el desarrollo de actividades sustentables.

Así es como desde 2003 el país cuenta con una Estrategia Nacional de la Biodiversidad, que establece prioridades de protección y uso sustentable de los ecosistemas. Esta Estrategia fue complementada en 2004 con un Plan de Acción, cuyas medidas ya se están implementando.

De esta forma, el país ha logrado aumentar incipientemente la superficie bajo protección oficial, incorporándose simultáneamente el sector privado en las tareas de conservación de los ecosistemas. Asimismo, se ha avanzado en el cuidado de las especies y ecosistemas para lo cual se ha elaborado un conjunto de normativas.

Paralelamente, se inició la construcción del Sendero de Chile , una red de circuitos que permitirá conectar la diversidad natural y cultural del país, y que al Bicentenario contará con cerca de unos 8.500 kilómetroshabilitados. Además, se crearon las primeras Áreas Marinas y Costeras Protegidas en el país, mecanismo para la preservación integrada de ecosistemas marinos y terrestres, lo cual constituye una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las comunidades, a través del desarrollo de actividades sustentables. Por ultimo el Departamento ha desarrollado el Sistema de Información de Recursos Naturales, consistente en una plataforma electrónica que contiene información territorial de las temáticas del departamento.