Desde su concepción y declaración de principios, la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental son parte constituyente de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. En consecuencia, la Comisión Nacional del Medio Ambiente ha sido uno de los servicios públicos que más temprana y decididamente ha promovido la participación de la sociedad civil en la gestión ambiental.
Con la llegada de la democracia al país, los gobiernos de la concertación han apostado a darle a la ciudadanía un rol preponderante bajo los principios participativos y de co-responsabilidad, considerando que la participación es condición indispensable en el proyecto de Reforma y Modernización del Estado, ya que fortalece su carácter democrático y legitima el accionar público.
Es así como el Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana (Diciembre del 2000), entrega orientaciones para que: i) el sector público muestre apertura, genere información y establezca mecanismos que acojan las necesidades y propuestas provenientes de la ciudadanía; y ii) la participación ciudadana contribuya a generar una relación de colaboración y respeto mutuo entre el Estado y la ciudadanía, favoreciendo el fortalecimiento de la sociedad civil y logrando una mayor legitimidad de las políticas públicas.
En este sentido, la Comisión Nacional del Medio Ambiente busca capacitar a la ciudadanía en temas ambientales, fortaleciendo su capital social y promoviendo las relaciones de confianza, solidaridad y cooperación bajo principios como la transparencia, orientación e información a la ciudadanía; el buen trato y respeto; el respeto a la diversidad; la promoción de la igualdad de oportunidades y la incorporación de la ciudadanía en la elaboración y evaluación de los planes, proyectos, políticas y normativa ambiental.
Se asume entonces, que el Desarrollo Sustentable constituye una tarea país que involucra a distintas organizaciones (públicas y privadas, ciudadanas y lucrativas), autoridades, parlamentarios, académicos y ciudadanos en general, reconociéndose que para alcanzar este desafío se necesita de una sociedad civil fuerte, que sea capaz de ejercer control sobre las acciones de una agenda en el tema ambiental y generar propuestas para su desarrollo.
Es por ello, que como Institución y a través del Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, dentro del marco de la Ley de Bases 19.300, se apuesta a perfeccionar los mecanismos y ampliar los espacios de participación y el derecho a saber, en donde la ciudadanía tenga la posibilidad de aportar responsablemente en el proceso de toma de decisiones, potenciando la educación y capacitación ambiental de ésta para que contribuya a la protección de su entorno y mejora de su calidad de vida y fortaleciendo las redes ciudadanas en pro de un accionar co-responsable y amigable con el medio ambiente.
Con la llegada de la democracia al país, los gobiernos de la concertación han apostado a darle a la ciudadanía un rol preponderante bajo los principios participativos y de co-responsabilidad, considerando que la participación es condición indispensable en el proyecto de Reforma y Modernización del Estado, ya que fortalece su carácter democrático y legitima el accionar público.
Es así como el Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana (Diciembre del 2000), entrega orientaciones para que: i) el sector público muestre apertura, genere información y establezca mecanismos que acojan las necesidades y propuestas provenientes de la ciudadanía; y ii) la participación ciudadana contribuya a generar una relación de colaboración y respeto mutuo entre el Estado y la ciudadanía, favoreciendo el fortalecimiento de la sociedad civil y logrando una mayor legitimidad de las políticas públicas.
En este sentido, la Comisión Nacional del Medio Ambiente busca capacitar a la ciudadanía en temas ambientales, fortaleciendo su capital social y promoviendo las relaciones de confianza, solidaridad y cooperación bajo principios como la transparencia, orientación e información a la ciudadanía; el buen trato y respeto; el respeto a la diversidad; la promoción de la igualdad de oportunidades y la incorporación de la ciudadanía en la elaboración y evaluación de los planes, proyectos, políticas y normativa ambiental.
Se asume entonces, que el Desarrollo Sustentable constituye una tarea país que involucra a distintas organizaciones (públicas y privadas, ciudadanas y lucrativas), autoridades, parlamentarios, académicos y ciudadanos en general, reconociéndose que para alcanzar este desafío se necesita de una sociedad civil fuerte, que sea capaz de ejercer control sobre las acciones de una agenda en el tema ambiental y generar propuestas para su desarrollo.
Es por ello, que como Institución y a través del Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, dentro del marco de la Ley de Bases 19.300, se apuesta a perfeccionar los mecanismos y ampliar los espacios de participación y el derecho a saber, en donde la ciudadanía tenga la posibilidad de aportar responsablemente en el proceso de toma de decisiones, potenciando la educación y capacitación ambiental de ésta para que contribuya a la protección de su entorno y mejora de su calidad de vida y fortaleciendo las redes ciudadanas en pro de un accionar co-responsable y amigable con el medio ambiente.
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